Ley de Lobby

La Ley N° 20.730, conocida como Ley de Lobby, fue promulgada en Chile en 2014 con el objetivo de regular la actividad del lobby y la gestión de intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos, promoviendo así la transparencia, la probidad y el acceso a la información en la administración del Estado. Esta ley establece normas claras para registrar e informar toda interacción entre personas u organizaciones que buscan influir en decisiones públicas y las autoridades que las reciben. La ley distingue entre dos tipos de actividades: el lobby propiamente tal, que es realizado de manera remunerada por personas o entidades que representan intereses de terceros, y la gestión de intereses particulares, que puede ser realizada en nombre propio o ajeno, con o sin remuneración, pero con el fin de incidir en decisiones públicas. Los funcionarios obligados a registrar estas interacciones son llamados sujetos pasivos del lobby, e incluyen a autoridades como el Presidente de la República, ministros, parlamentarios, intendentes, alcaldes, concejales, directores de servicios públicos, entre otros. Estas autoridades deben registrar y publicar las audiencias solicitadas, los viajes financiados por terceros y los donativos recibidos, todo ello a través del portal público. De este modo, la Ley de Lobby busca prevenir la influencia indebida, reforzar la integridad pública y permitir el control ciudadano sobre las decisiones de las autoridades.

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